ESPAÑA
Política

Esperpento y "secuestro" hasta la madrugada en el Congreso para intentar revivir el plan fiscal de Sánchez

Un pacto agónico con BNG, ERC y Bildu valida la modificación que impone la UE a cambio de renegociar el impuesto a las energéticas y volver mañana sobre el de la banca

Yolanda Díaz y Félix Bolaños, en el Congreso.
Yolanda Díaz y Félix Bolaños, en el Congreso.EFE
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El Gobierno se asomó anoche al abismo intentando en una caótica negociación con sus propios socios que su pretendida reforma fiscal no se fuera por el desagüe. Los cambios impositivos que el Ejecutivo intentaba aprobar por la puerta de atrás a base de enmiendas pactadas con sus aliados en el proyecto de ley que establece un impuesto mínimo del 15% para las compañías multinacionales y las empresas nacionales de gran magnitud se encontraba al borde del despeñadero. Y a día de hoy, pese a que esta madrugada se logró aprobar el dictamen de la ley para que el jueves sea votado por el Pleno, no se puede asegurar que el proyecto prospere.

El Ejecutivo, con una pirueta al filo de la medianoche, pactó con ERC, Bildu y BNG prorrogar un año el impuesto extraordinario a las compañías energéticas así como aumentar el tramo más alto en el impuesto a la banca y dirigir todo lo que se recaude a las Comunidades Autónomas. El compromiso que afecta a las energéticas se recogerá en un decreto ley que tendrá que ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días a partir de su aprobación por el Consejo de Ministros. El impuesto a la banca sí se incluiría en el dictamen de la ley que irá este jueves al Pleno del Congreso y que, de momento, no tiene garantías de ser aprobado. PP y Vox votarán en contra y hay muchas dudas respecto a la posición de Junts y Podemos.

Estas dos medidas -impuestos a la banca y energéticas- eran las principales que el Gobierno quería sacar adelante pero con el objetivo de hacerlas permanentes. De momento se conforma con dar una patada al balón hacia delante pero posiblemente se estrellará porque ni PP, ni Vox ni Junts votarán a favor de convalidarlas. Los votos del PNV también están en duda. A todo este embrollo se sumó a primera hora de la madrugada el propio Ministerio de Hacienda asegurando que, pese a lo pactado con ERC, Bildu y BNG, el Gobierno mantendrá su pacto con Junts de no gravar a las energéticas.

El diputado socialista que "secuestró" más de cuatro horas la Comisión para un pacto amenazado de ilegalidad

Votos de unos contra otros

A lo largo de la tarde de ayer la confusión se apoderó del trabajo de la Comisión de Hacienda, reunida por fin, tras dos aplazamientos para debatir y votar el centenar largo de enmiendas que los grupos habían planteado al texto inicial del proyecto de ley. A medida que transcurrían los minutos, el bloque de investidura empezó a derrumbarse votando unos en contra de los otros.

La votación una a una de las enmiendas sólo arrojó la aprobación de las propuestas del PNV para frenar el fraude del IVA en los hidrocarburos y el aumento en dos puntos porcentuales en el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros así como la iniciativa para gravar los cigarrillos vapeadores. Estas enmiendas aprobadas pasaron a incorporarse al dictamen del proyecto de ley que debe someterse al pleno del Congreso el jueves. La incertidumbre también sobrevuela sobre lo que podrá suceder en ese Pleno.

No obstante, al término de la votación individualizada, la Comisión de Hacienda debía votar también el dictamen completo del proyecto de ley. Esta era la votación decisiva porque en caso de no prosperar no habría texto para someter al Pleno y la negociación debería reemprenderse en comisión desde el principio. Finalmente el dictamen se aprobó y pasará a la consideración del Pleno del Congreso el jueves.

Pasadas las 22.00 horas, el presidente de la Comisión abrió un periodo de receso que se prolongó hasta pasada la medianoche (0.40 horas) mientras el Gobierno trataba de negociar con las fuerzas parlamentarias para sacar adelante el dictamen. La larguísima pausa desató las protestas de la oposición que reprocharon al presidente de la Comisión su «falta de respeto» a los diputados, a los trabajadores de la Cámara y a la prensa. PP y Vox le acusaron de «estar al servicio del Gobierno» y los populares, incluso, a través de sendos tuits de Miguel Tellado y Cuca Gamarra llegaron a hablar de «secuestro». El dictamen de la ponencia fue finalmente aprobado aunque todavía está en duda si logrará pasar el corte del Pleno el jueves.

El riesgo que había de que la Comisión lo rechazara era máximo porque ello implicaba también el decaimiento del tronco original del proyecto de ley, el que realmente resulta imprescindible aprobar porque se trata de la transposición de una directiva de la UE que pretende unificar el gravamen mínimo que se ha de imponer a las multinacionales y macroempresas y que de no ser asumida acarrearía graves sanciones.

Más allá de las repercusiones graves, lo realmente trascendente se salda en el terreno político porque se ha puesto de manifiesto la extrema debilidad del Gobierno que no cuenta ni de lejos con un bloque compacto.

La conclusión del caos vivido en la Comisión de Hacienda, más allá de que finalmente se salven algunos muebles, anticipa las dificultades casi insalvables con las que topará el Ejecutivo si se decide a traer a la Cámara un proyecto de Presupuestos.

Los propios socios del Gobierno han asistido perplejos a la forma con la que se ha conducido esta negociación, capitaneada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La sorpresa fue máxima a la vista de que este fin de semana ninguna de las formaciones fue contactada por el Ejecutivo para tratar de organizar un mínimo consenso en torno a las medidas más importantes que se pretendían sacar adelante.

Los grupos a la izquierda del PSOE miran con recelo el trato de favor que desde La Moncloa se ha dado a Junts en las negociaciones, censurando que «se esté dopando a Puigdemont».

Mientras tanto, desde el sector más conservador de los socios, el PNV agita la sospecha sobre Podemos -con sus cuatro escaños puede poner en graves aprietos al Gobierno- por su posición inquebrantable respecto al impuesto a las grandes energéticas.

Para los nacionalistas vascos quizá todo el plan de la formación morada -a la que algunas encuestas vaticinan ya un resultado superior al de Sumar- obedezca a una estrategia para dejar caer al Gobierno y provocar la convocatoria de elecciones anticipadas, incluso corriendo el riesgo muy cierto de que finalmente pueda hacerse con el poder la derecha.